Cien días

Cien días. Es el periodo que se le suele conceder a un gobierno antes de juzgar sus primeras decisiones, puesto que se da por hecho que en esos cien días toca tomar posesión de los cargos, ponerse al día, reunirse con quien haya que reunirse y ser untado por quien haga falta.
Mariano Rajoy Brey fue investido presidente el 20 de diciembre de 2011. En teoría, los cien días de cortesía le corresponden se cumplirían el 29 de marzo de 2012. Siendo sinceros, yo querría haberle dado ese margen. Lo digo en serio. Pero si el Gobierno de Rajoy ha entrado a degüello con el cuchillo en la boca y en modo destroyer ustedes comprenderán que yo no silbe y mire hacia otro lado.
Hoy mismo se ha aprobado en el Congreso la primera ronda de medidas de ajuste contra la crisis. De supuesto ajuste, huelga decir, porque a la productivísima iglesia española, base de nuestra economía y pilar inquebrantable de nuestra fe y esencia hispánica, no se le ha recortado ni un euro. Ahora, que sí se suben los impuestos, las pensiones -pese a la subida- pierden poder adquisitivo, arrasamos con la inversión científica, se le congela el sueldo a los funcionarios, se eliminan la mayoría de oposiciones y las que se convocan son para cubrir un diez por ciento de las bajas.
"Se nos juzgará por lo que consigamos y no por lo que intentemos o por cómo hayamos encontrado las cosas", afirmó Rajoy en su discurso de investidura. También aclaró que "responderé a un compromiso del que pretendo hacer bandera en mi Gobierno: decir siempre la verdad". Ni lo uno ni lo otro.
De entrada, Mariano Rajoy no ha dicho la verdad. Es más, no ha dicho nada ni ha dado la cara en ningún momento. Hasta ahora, sólo ministros como Soraya Sáenz de Santamaría y Cristóbal Montoro se han dedicado a defender en público las medidas adoptadas. Ni siquiera hoy, en el Congreso, ha tenido Rajoy los arrestos suficientes como para explicarle a los españoles cuál será su política. No lo dijo en la campaña electoral y no lo irá a hacer ahora, claro está. No podemos esperar mucho de alguien que no ha sido elegido presidente por méritos propios.
Por otro lado, el Partido Popular ya ha sacado a la palestra el temita de la herencia recibida. Argumenta el sector económico del gobierno (Montoro y De Guindos, dos eminencias en el mundo de los negocios: intenten leerlo sin reírse) que los socialistas dejaron una deuda real del 8% y no del 6%. Que los socialistas habían falseado las cuentas, mantra que sus correligionarios repiten sin pararse a pensar que el 75% de esa deuda estatal proviene de las comunidades autónomas, catorce de ellas -un 82%, siguiendo con numeritos- regidas por, en efecto, el Partido Popular.
Esto es, que el Partido Popular no sabe qué sucede allá donde gobierna. Porque en Valencia (tremendo su sainete) la culpa es del PSOE, al igual que en el ayuntamiento más endeudado, el de Madrid. No es que pretendan que nos lo creamos, desde luego. Ellos precisamente no son tontos -en absoluto, son los más inteligentes y manipuladores de la clase- y dirigen su discurso no a toda España, sino sólo hacia sus millones de palmeros: les funciona, les va bien y lo saben.
No olvidemos, sin embargo, que el paquete de medidas lo ha apoyado también CiU, los mismos que se negaron a investir a Rajoy sin pacto fiscal mediante (esto es, cerrar el cortijito de los privilegios económicos). Los mismos que hoy critican el aumento del IRPF pero que lo suben aún más en Cataluña. Los mismos que, pese a los recortes, han ganado votos y diputados. Esos mismos.
Dos últimos apuntes. Uno, que es vergonzoso que presumamos de pluralidad parlamentaria cuando la Mesa del Congreso no permite hablar ni a la mitad de los portavoces del Grupo Mixto. Y dos, que ya puede espabilar la oposición -PSOE e IU, principalmente- si quiere que sigamos denominándola "oposición".
Por cierto, un saludo a la movilización ciudadana, al #nolesvotes, al #PPSOE y al #15M: la derecha os debe una y bien gorda.